La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera que el desarrollo de la infraestructura de recarga para los vehículos eléctricos debe hacerse en régimen de competencia, en contra de lo solicitado por las distribuidoras de electricidad, que pedían monopolizarlo y cargar el coste a los consumidores.

La CNMC, en su informe sobre el proyecto de Real Decreto para regular los gestores de cargas del vehículo eléctrico, se apoya en la futura normativa europea -en el llamado Paquete de Invierno- para limitar a «circunstancias muy específicas y excepcionales» la participación de las distribuidoras de electricidad en el despliegue de las infraestructuras de recarga.

Varias empresas distribuidoras habían pedido «responsabilizarse» de redes y postes de recarga, incluyendo esa inversión en los costes del sistema eléctrico soportados por los consumidores. Según ha podido saber elEconomista, preveían construir 1.600 puntos en cuatro años, con un importe aproximado de 200 millones de euros.

Sin embargo, la CNMC prefiere que los costes del despliegue se distribuyan «entre todos los implicados y no sólo con la única contribución del sistema eléctrico».

El regulador avisa de que la futura normativa europea sólo prevé que las distribuidoras asuman la infraestructura vinculada a los vehículos eléctricos «cuando otras empresas no hayan manifestado su interés en un procedimiento de licitación» y que la participación de las distribuidoras «debe suprimirse progresivamente», al entender que son una solución «de último recurso».

Facilitar el despliegue

A cierre de 2017 sólo había 42.000 vehículos eléctricos en España -excluyendo los híbridos-, pero el mercado se duplica cada ejercicio y hay que facilitar el despliegue de la infraestructura de recarga.

El Ministerio de Energía quiere que puedan prestar el servicio gratuitamente entidades distintas al gestor de cargas, como un hotel o un supermercado, y la CNMC está de acuerdo, pero advierte de que para ello debe cambiarse la Ley 24/2013. Y pide que sólo se exima de medir la energía suministrada a puntos menores de 50 kW, frente a los 450 kW propuestos por el Ministerio, para no perder «información relevante».

Fuente: elEconomista